La investigación por el asesinato de Miguel Uribe Turbay comienza a arrojar luces un año después. La Fiscalía colombiana explora una línea de investigación basada en la posibilidad de que el esquema de seguridad del senador y entonces precandidato presidencial hubiera sido infiltrado desde dentro, una hipótesis que podría explicar cómo la estructura criminal obtuvo información sobre sus desplazamientos y rutinas antes del atentado del 7 de junio de 2025.
La nueva tesis de los investigadores parte del análisis de las antenas de telefonía móvil asociadas a dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que formaban parte del dispositivo de seguridad de Uribe Turbay. Según la información conocida por Noticias RCN, los teléfonos de ambos registraron en dos momentos anteriores al atentado movimientos coincidentes con el terminal de uno de los condenados por el crimen.
No se trata todavía de una prueba de infiltración. Es, en cambio, un indicio que la Fiscalía debe contrastar mediante registros telefónicos, localizaciones, comunicaciones y demás evidencias disponibles. La importancia del hallazgo reside además en el hecho de que los dos escoltas continúan vinculados al dispositivo de protección de la familia y actualmente están asignados a la seguridad de María Claudia Tarazona, viuda del senador.
La primera coincidencia se habría producido el 29 de enero de 2025, en la zona de Modelia, en Bogotá, precisamente el sector donde meses después tuvo lugar el atentado. En aquella fecha, Uribe Turbay se encontraba en Panamá y Tarazona estaba en Miami. El segundo episodio se habría producido a comienzos de abril, esta vez en las inmediaciones del Congreso.
En ambos casos, los teléfonos de los dos integrantes del esquema aparecieron próximos al terminal de uno de los condenados por el magnicidio, aunque su identidad todavía permanece bajo secreto.
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Quién ordenó el magnicidio de Uribe Turbay
Uno de los nombres que vuelve a aparecer en esta nueva línea es el de Elder José Arteaga Hernández, alias ‘Chipi’ o ‘El Costeño’, señalado por los investigadores como uno de los principales responsables de la logística y la organización del atentado. La Fiscalía también está intentando verificar el testimonio de un menor de 17 años que aseguró que Arteaga tenía entre sus contactos de WhatsApp a una persona identificada como ‘Escolta senador’.
El relato es crucial porque el menor sostiene que en un grupo de WhatsApp vinculado a la estructura criminal se compartía información sobre Uribe Turbay, ubicaciones, datos sobre su vivienda, una camioneta y posibles recorridos. El testimonio, sin embargo, no identifica por sí solo al supuesto escolta y el propio joven reconoció que no pudo ver físicamente a la persona que estaba al otro lado de la comunicación.
Según su declaración, habría presenciado una llamada de WhatsApp entre ‘Chipi’ y ese contacto. La conversación fue extremadamente breve y el interlocutor habría advertido únicamente: «hay manifestaciones». La Fiscalía debe ahora establecer si ese contacto existía realmente, quién lo utilizaba y si la información transmitida tenía alguna relación con la preparación del asesinato.
La investigación se complica además por las circunstancias que rodean al menor conocido como ‘Churco’. El joven acudió en julio de 2025 al búnker de la Fiscalía para prestar declaración y entregó a las autoridades un teléfono móvil que podría contener información relevante. Posteriormente escapó mientras permanecía bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y su paradero se desconoce.
Su testimonio es, por tanto, una pieza esencial que necesita ser corroborada mediante pruebas independientes, especialmente análisis forenses del teléfono, registros de comunicaciones y datos de geolocalización. El relato sitúa al menor dentro de una estructura de sicariato que, según las evidencias incorporadas al proceso, habría sido reclutado para participar en el asesinato de Uribe Turbay.
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Siete condenas, pero aún faltan las respuestas decisivas
La investigación judicial ya ha producido varias condenas. Hasta el momento son siete las personas condenadas por su participación en el magnicidio. Entre las sentencias más recientes figuran las de Cristian Camilo González, condenado a 11 años de prisión, y Jhorman David Mora Silva, alias ‘El Caleño’, condenado a 15 años por su responsabilidad en la organización y ejecución del asesinato.
Pero las condenas de los ejecutores no han cerrado la investigación. La familia de Uribe Turbay ha insistido en que todavía quedan por determinar responsabilidades superiores: quién ordenó el asesinato, quién lo financió y quién pudo facilitar desde dentro información sensible sobre el senador. Es precisamente en ese punto donde la hipótesis de una eventual infiltración adquiere especial importancia.
Los abogados que representan a la familia han expresado su preocupación por la aparición del contacto denominado “escolta senador” y han reclamado que se investigue si hubo filtraciones desde el dispositivo de seguridad. La familia considera necesario determinar si la estructura de protección que continúa operativa alrededor de Tarazona puede presentar alguna vulnerabilidad.
En paralelo, el Centro Democrático ha reclamado una revisión integral de los sistemas de protección del Estado, incluida la UNP, los esquemas de seguridad y los organismos de inteligencia. @mundiario
