El fútbol español atraviesa una crisis de credibilidad difícil de ignorar. Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, los tres grandes del campeonato, encabezan unas protestas arbitrales que deberían contemplar también la realidad de los otros 17 equipos, bastante menos poderosos.
El caso Negreira representa posiblemente la mayor herida reciente de nuestro arbitraje. Los pagos millonarios del Barcelona al exvicepresidente del CTA siguen bajo investigación judicial, sin una sentencia que determine responsabilidades ni pruebas concluyentes de partidos amañados.
Y el paso del tiempo tampoco ayuda. Más de tres años después de destaparse el escándalo, seguimos esperando una resolución judicial. Si hubo delitos, deben castigarse; si no los hubo, debe quedar acreditado. Lo que resulta insostenible es mantener indefinidamente una competición bajo sospecha.
Después aparece Javier Tebas, madridista confeso y enemigo público de Florentino Pérez. Una contradicción solo aparente: enfrentarse al presidente blanco no significa dejar de ser madridista. Pero sus guerras públicas, incluidas sus desafortunadas comparaciones sobre Real Madrid TV, alimentan una crispación impropia del máximo dirigente de La Liga.
La RFEF tampoco puede presumir de una trayectoria intachable. La investigación sobre los contratos de la etapa de Luis Rubiales, incluida la Supercopa en Arabia Saudí, continúa proyectando sombras sobre la institución. Rafael Louzán tiene la obligación de devolverle credibilidad, no de alimentar nuevas dudas.
Y llegamos a las imágenes televisivas. Movistar y Dazn compran derechos de emisión, pero no controlan la realización principal de los encuentros. La Liga organiza esa producción, adjudicada a HBS, que decide qué planos y repeticiones llegan a las pantallas. Otra cuestión distinta es el VAR, que dispone de acceso independiente a las imágenes captadas por las cámaras.
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Lo ocurrido con Arda Güler y Peque en el Real Madrid-Sevilla resulta preocupante. Con 26 cámaras en el Bernabéu, ninguna ofreció una toma suficientemente nítida para esclarecer el posible codazo. Se argumenta que las cámaras seguían el balón, pero cuesta aceptar que una jugada potencialmente decisiva termine sin una imagen concluyente.
Más inquietantes fueron las explicaciones de Sergio Carranza, responsable de la realización editorial, quien reconoció que se decidió no emitir una repetición de aquella acción. También justificó la ausencia de imágenes de la posible falta de Konaté sobre Robbie Ure. Carranza trabajó en Real Madrid TV entre 2005 y 2010. Ese pasado no demuestra parcialidad, pero exige una transparencia absoluta en sus decisiones.
Tampoco es el único vínculo que merece examinarse. Carlos Megía Dávila, exárbitro y empleado del Real Madrid, es marido de Yolanda Parga, responsable del arbitraje femenino del CTA. No implica intervención alguna en el VAR masculino, pero plantea preguntas legítimas sobre las incompatibilidades y los controles que deberían proteger la independencia arbitral.
Entre expedientes judiciales, intereses cruzados, campañas televisivas contra los árbitros y dirigentes enfrentados, el fútbol parece alejarse cada día más de quienes le dan sentido. Porque el verdadero perjudicado no es el Madrid, el Barça o el Atlético: es el aficionado que paga su entrada, su abono y su televisión para creer en lo que ve. El fútbol no debería pedirnos fe ciega, sino darnos motivos para seguir confiando en él. @mundiario
