A cuatro meses de unas elecciones legislativas que pueden redefinir el equilibrio de poder en Washington, Donald Trump ha recuperado uno de los ejes políticos que más han marcado su trayectoria: las acusaciones de fraude en las elecciones presidenciales de 2020. En un discurso extraordinario desde la Casa Blanca, el presidente anunció la desclasificación de documentos de inteligencia que, según afirmó, demostrarían la existencia de “alarmantes vulnerabilidades” en la infraestructura electoral de EE UU, una supuesta injerencia china a gran escala y un posterior encubrimiento protagonizado por altos funcionarios de las agencias de inteligencia del llamado “Estado profundo”.
Junto al contenido de los documentos, el mensaje que quiso transmitir el presidente supone la reaparición de una narrativa que nunca abandonó tras su derrota frente a Joe Biden en 2020, y que ahora vuelve a escena en un momento especialmente delicado para el Partido Republicano, cuando todo parece indicar que perdería la mayoría en ambas cámaras del Congreso el 3 de noviembre.
El contexto político explica buena parte del movimiento. Estados Unidos celebrará las elecciones legislativas de mitad de mandato, una cita decisiva que renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Los sondeos publicados durante los últimos meses sitúan a los demócratas en disposición de recuperar al menos una de las dos cámaras del Congreso, un escenario que limitaría enormemente la capacidad legislativa de Trump durante el tramo final de su presidencia.
A ello se suma un deterioro de la popularidad del mandatario, las dificultades económicas derivadas de la inflación persistente, la erosión del apoyo de votantes latinoamericanos por la draconiana política migratoria encarnada en las redadas del ICE y varios resultados adversos para los republicanos en recientes elecciones estatales y locales, con la guerra en Irán como telón de fondo. En ese escenario, la cuestión electoral vuelve a ocupar un lugar central en la estrategia política del presidente.
China y el “Estado profundo”, en el centro de las acusaciones
Trump sostuvo que los documentos desclasificados prueban que China accedió de manera ilícita a más de 220 millones de registros de votantes estadounidenses, incluyendo nombres, direcciones, teléfonos y afiliaciones políticas. Según el presidente, esa información habría servido para facilitar operaciones de interferencia electoral sin precedentes.
Al mismo tiempo, acusó al denominado “Estado profundo” —una expresión habitual en su discurso para referirse a sectores permanentes de la burocracia federal y de los servicios de inteligencia— de haber ocultado deliberadamente esas informaciones tanto al Congreso como a la opinión pública. El mandatario llegó a afirmar que quienes debían alertar sobre esas amenazas optaron por silenciarlas durante años.
Sin embargo, numerosos de los documentos difundidos corresponden a informes ya conocidos parcialmente por investigadores, periodistas y comisiones del Congreso, y reflejan debates internos sobre la posible actividad de China, pero no concluyen que existiera una manipulación efectiva del resultado electoral de 2020.
Las televisiones rompen con la Casa Blanca
El contenido del discurso provocó una reacción poco habitual entre los grandes medios estadounidenses. Las principales cadenas NBC, ABC y CNN optaron por no emitir íntegramente la comparecencia en directo, argumentando el riesgo de difundir afirmaciones ya desmentidas en investigaciones judiciales y auditorías electorales.
Incluso Fox News, tradicionalmente cercana al presidente, mostró cautela. La cadena aún arrastra las consecuencias del histórico acuerdo de 787 millones de dólares alcanzado con Dominion Voting Systems tras difundir las acusaciones infundadas sobre las máquinas de votación utilizadas en las elecciones de 2020. Ese precedente ha endurecido la política editorial de numerosos medios ante cualquier nueva denuncia de fraude.
Las afirmaciones de Trump vuelven a chocar con el consenso alcanzado tras las elecciones presidenciales de hace seis años. Decenas de demandas judiciales promovidas por su equipo fueron rechazadas por tribunales estatales y federales. Incluso enfrentó un juicio en el condado de Fulton, Georgia, por supuestamente presionar a funcionarios estatales para revertir los números. Las auditorías realizadas en distintos estados, gobernados tanto por republicanos como por demócratas, detectaron únicamente incidencias puntuales sin capacidad para alterar el resultado de los comicios.
Tampoco las agencias federales de inteligencia concluyeron que existiera una manipulación masiva del voto. Aunque sí advirtieron de campañas extranjeras de influencia y desinformación, nunca certificaron un fraude organizado capaz de modificar el desenlace electoral. Pekín rechazó con contundencia las nuevas acusaciones. “China nunca ha interferido ni interferirá en las elecciones presidenciales de Estados Unidos”, dijo el portavoz de la Embajada china en Washington Liu Chang, quien subrayó que “lo determinan los votos del pueblo estadounidense”.
El temor a una nueva crisis institucional
Más allá del contenido concreto de los documentos, lo que más preocupa a numerosos expertos es el momento elegido para lanzar estas acusaciones. Diversos analistas consideran que el discurso prepara el terreno para cuestionar preventivamente el resultado de las próximas elecciones si el Partido Republicano obtiene un resultado peor del esperado. Entre los escenarios que algunos juristas contemplan figura la posibilidad de que la Administración invoque riesgos para la seguridad electoral con el objetivo de reforzar la presencia de fuerzas federales en los colegios electorales, supervisar el recuento o intervenir sobre determinados sistemas de votación.
La Casa Blanca no anunció ninguna medida concreta en ese sentido, aunque sí volvió a reclamar la aprobación de la denominada Ley para Salvar a Estados Unidos, una reforma impulsada por Trump que endurecería los requisitos para registrarse como votante y restringiría el voto por correo, dos aspectos ampliamente rechazados por numerosos estados.
Desde enero de 2021, Trump jamás ha reconocido la victoria de Biden. Durante estos años ha convertido el supuesto fraude electoral en uno de los pilares de su discurso político y ha impulsado organizaciones, investigaciones privadas y campañas destinadas a demostrar una manipulación que los tribunales nunca acreditaron.
Ahora, con unas elecciones legislativas decisivas en el horizonte y con un escenario político mucho más incierto que al inicio de su mandato, el presidente vuelve a recurrir a ese mismo relato. La diferencia es que esta vez lo hace desde el Despacho Oval, utilizando la autoridad institucional de la Presidencia y la desclasificación de documentos oficiales para sostener unas acusaciones que reabren uno de los capítulos más controvertidos de la democracia estadounidense contemporánea. @mundiario
